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Vermont aprueba la muerte asistida

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Se ha convertido, junto con Oregon y Washington, en los únicos tres estados que permiten que los doctores usen drogas letales en pacientes terminales. Mientras tanto, en otros siete estados se debate legalizar la medida. ¿Cómo se administrará y en qué casos se puede aplicar esta ley?

La legislatura de Vermont aprobó una ley que permite a los médicos prescribir drogas letales a los pacientes con enfermedades terminales.

La nueva medida, que permitirá a los pacientes que tienen una enfermedad incurable o intratable dar fin a su vida, incluye una serie de garantías. Tanto el médico de cabecera como un médico consultor, deben garantizar que el paciente que sufre de una enfermedad terminal, y que es capaz de tomar una decisión fundada para solicitar los medicamentos que inducen a la muerte.

En la práctica, se administrarán dos dosis quincenales de medicamentos letales, y los pacientes deben poder solicitarlos y tomarlos por sí mismos.

El gobernador de Vermont, Peter Shumlin, declaró: "ahora vamos a ofrecer a los residentes de Vermont que se enfrentan a una enfermedad terminal, la opción de controlar su destino y evitar sufrimientos innecesarios”.

Para acceder a los fármacos letales, se requerirían, además de la prescripción médica, que dos personas sin vínculo familiar con el paciente, oficien de testigos.

En otros siete estados, Connecticut, Hawai, Kansas, Massachusetts, Montana, New Hampshire y Nueva Jersey, están debatiendo proyectos similares, según el Death with Dignity National Center (Centro Nacional de Muerte Digna).

En Connecticut y Montana, la muerte digna o asistida, se prohíbe expresamente por ley.

Los defensores de la muerte asistida creen que la práctica puede salvar a los pacientes de enfermedades terminales dolorosas y evitarles años de sufrimiento.

En cambio, los opositores, temen que las medidas animen a la gente a tomar sus propias vidas, a instancias de su familia.

La "eutanasia voluntaria", es decir, con consentimiento del paciente, está permitida en: España, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, India, Japón y Suiza.

En la Latinoamérica, Colombia y Argentina cuentan con leyes que permiten a los pacientes terminales, acceder a la muerte digna. 

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